Violencia contra las personas mayores en Brasil: determinantes sociales, invisibilidad y desafíos para una protección integral.

Resumen

El fenómeno de la violencia contra las personas mayores constituye un grave problema social y de salud pública, caracterizado por múltiples dimensiones que involucran factores culturales, económicos, familiares e institucionales. Con el acelerado proceso de envejecimiento de la población en Brasil, se vuelve aún más urgente comprender las formas en que se manifiesta esta violencia, así como los mecanismos necesarios para su prevención y confrontación.

Es una realidad que con frecuencia se invisibiliza, ya sea por el silencio de las víctimas o por la normalización de prácticas abusivas en la vida cotidiana. La violencia contra las personas mayores puede adoptar diversas formas, incluyendo abuso físico, psicológico y sexual, negligencia, abandono, explotación financiera y violencia institucional. Muchos de estos sucesos ocurren en el ámbito doméstico, con agresores que son personas cercanas, como familiares o cuidadores, lo que dificulta la denuncia y la ruptura del ciclo de violencia. En este contexto, el miedo, la dependencia emocional y económica, así como las limitaciones físicas y cognitivas, contribuyen a la falta de denuncia de los casos.

Desde una perspectiva sociocultural, la violencia contra las personas mayores está profundamente ligada al edadismo, es decir, a la discriminación basada en la edad, que devalúa el envejecimiento y reduce a las personas mayores a una condición de inutilidad o carga social. Esta lógica se articula con estructuras de desigualdad más amplias, como el género, la clase social y la raza, intensificando la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas mayores, especialmente las mujeres, las personas negras y las que viven en la pobreza. Por lo tanto, comprender la violencia contra las personas mayores requiere un enfoque interseccional, capaz de destacar cómo las diferentes formas de opresión se entrelazan y producen contextos de mayor riesgo.

La identificación y el enfrentamiento de la violencia contra las personas mayores exigen acciones coordinadas y continuas, que involucren tanto a las autoridades públicas como a la sociedad civil. La capacitación de profesionales en salud, educación y asistencia social es fundamental para reconocer los signos de violencia y realizar las derivaciones adecuadas. Además, las campañas de sensibilización pueden contribuir a romper el silencio y fomentar la denuncia, fortaleciendo la cultura de protección y respeto hacia las personas mayores.

En el ámbito de la salud, la atención primaria desempeña un papel estratégico en la identificación temprana de situaciones de violencia y en la construcción de respuestas intersectoriales. La proximidad de los equipos al territorio y a las familias permite reconocer señales que a menudo pasan desapercibidas en otros niveles de atención, como cambios de comportamiento, negligencia en los cuidados y aislamiento social.¹ Sin embargo, desafíos como la sobrecarga de servicios, la falta de formación profesional y la fragmentación de las políticas públicas aún limitan la eficacia de estas acciones.³

Es importante destacar que el contexto de contrarreformas y la retracción de las políticas sociales tienden a agravar aún más esta situación, ampliando las desigualdades y debilitando los mecanismos de protección de las personas mayores.⁴ La reducción de las inversiones en salud, asistencia social y seguridad social impacta directamente en la calidad de vida de esta población, aumentando su exposición a riesgos y violencia.^3,5 Por lo tanto, abordar la violencia contra las personas mayores requiere no solo acciones puntuales, sino un enfoque estructural que considere los determinantes sociales de la salud y la necesidad de fortalecer las políticas públicas.

Otro aspecto relevante concierne a la promoción de la autonomía y el empoderamiento de las personas mayores, reconociéndolas como sujetos de derechos y agentes activos en la sociedad. Las estrategias que fomentan la participación social, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el acceso a servicios de calidad son fundamentales para la prevención de la violencia.⁴ En este sentido, las políticas públicas deben ir más allá de una lógica asistencialista, invirtiendo en acciones que promuevan la inclusión, la dignidad y la calidad de vida.

Finalmente, es esencial destacar que afrontar la violencia contra las personas mayores no se limita a castigar a los agresores, sino que requiere una transformación cultural más amplia que valore el envejecimiento y combata los estigmas y prejuicios. Para ello, es urgente avanzar en la construcción de estrategias intersectoriales que fortalezcan y articulen las redes de atención, capaciten a los profesionales y amplíen el acceso a los derechos, promoviendo la protección integral de las personas mayores. Más que combatir la violencia, se trata de construir las condiciones para un envejecimiento digno, activo y protegido, reconociendo a las personas mayores como sujetos de derechos y protagonistas de su propia trayectoria vital.